¿Qué se entiende por alimentos?: La pensión alimenticia comprende todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. También incluyen la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. La amplitud del concepto de pensión de alimentos es básica en la estrategia del abogado encargado del divorcio de su cliente, así como la distinción entre lo que se consideran alimentos ordinarios y gastos extraordinarios.

El régimen jurídico de los alimentos de los hijos menores de edad no es el mismo que el régimen de los hijos mayores y demás parientes, aunque no son incompatibles. Esta distinción es fundamental y no siempre conocida por ciertos abogados que asumen la defensa de sus clientes en procesos matrimoniales o de medidas paternofiliales.

La asistencia debida a los hijos durante su minoría de edad TIENE SU FUNDAMENTO EN LA FILIACIÓN, generadora tanto de derechos como de obligaciones paternofiliales, centrada en determinar los gastos que ocasiones el desarrollo de la personalidad del menor. Son deberes incondicionales que se configuran con independencia de la mayor o menor dificultad económica que presenta el obligado.

Los alimentos hacia los hijos mayores de edad dependientes se regulan por el régimen general de los alimentos entre parientes establecido en los artículos 142 y siguientes del Código Civil. Se sustentan en el principio de solidaridad familiar, la necesidad del alimentista y las posibilidades económicas del alimentante.

PENSIÓN DE ALIMENTOS DE LOS HIJOS MENORES DE EDAD EN SITUACIONES DE CRISIS MATRIMONIAL:

Dentro de este apartado se estudiarán los criterios que cuantifican la obligación de alimentos de los hijos comunes menores de edad; el papel que juega la voluntad de los progenitores en su determinación y la distinción entre gastos ordinarios y extraordinarios.

La prestación de alimentos a los hijos menores

A falta de acuerdo entre los cónyuges, el Juez, en la sentencia “determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos”, según dispone el artículo 93 del código Civil.

La pensión alimenticia, que puede consistir en dinero o en especie (trabajo personal y dedicación al cuidado de los hijos), es una obligación de mantenimiento de los padres respecto de los hijos.

Dichos gastos deberán soportarse de forma proporcional por ambos progenitores en función de sus posibilidades económicas.

Gastos o alimentos Ordinarios

Los gastos ordinarios son los que están incluidos en el concepto legal de alimentos y se caracterizan por tratarse de gastos necesarios, periódicos y previsibles.

Son los gastos que se toman en consideración a la hora de calcular el montante de la pensión alimenticia y comprenden la escolaridad, el transporte escolar, la asistencia médica, el vestido la alimentación propiamente dicha. Se trata de la cantidad que cada mes el cónyuge no custodio debe entregar al cónyuge o progenitor custodio como contribución al pago de los alimentos de los hijos comunes menores de edad.

Gastos Extraordinarios

Son aquéllos que exceden de la naturaleza de gasto ordinario.

Se trata de gastos imprevisibles, al no saberse si se producirán ni cuándo lo harán y carentes de carácter periódico.

Suelen considerarse como extraordinarios, entre otros:

  • Los gastos médico-farmacéuticos no cubiertos por la Seguridad Social.
  • Las clases de apoyo escolar que pueda necesitar el menor y
  • Las actividades extraordinarias consensuadas por ambas partes.

Los gastos extraordinarios no se computan en la pensión alimenticia.

Aunque estos gastos suelen satisfacerse por mitad entre ambos cónyuges o progenitores, no faltan sentencias que admiten que pueden ser sufragados por ambos progenitores en proporción a sus ingresos y posibilidades.

¿Debe atenderse exclusivamente a los ingresos líquidos del obligado al pago de la pensión alimenticia o a su patrimonio global?

El Tribunal Supremo abordó la cuestión en una demanda de divorcio en la que, en primera instancia, se determinó, entre otras cuestiones, que el padre contribuirá al sostenimiento de su hija con la cantidad de 400 euros mensuales. En segunda instancia se modificó la cantidad de la pensión alimenticia de la menor en 250 euros.

El Tribunal Supremo determinó que “la obligación alimenticia que se presta a los hijos no está a expensas únicamente de los ingresos sino también de los medios o recursos de uno de los cónyuges o, como precisa el artículo 93 del código civil, de las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento. Esto supone que no es necesaria una liquidez dineraria inmediata para detraer de la misma la contribución sino que es posible la afectación de un patrimonio personal al pago de tales obligaciones para realizarlo y, con su producto, aplicarlo hasta donde alcance con esta finalidad.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 22 de junio de 2017 (EDJ 124638) concluye: El patrimonio de ambos progenitores es importante, tanto que no han necesitado trabajar para mantener un estatus importante de vida. Reducir la prestación a un “mínimo vital” no resulta coherente ni con los recursos económicos ni con el status social de la pareja.

Modificación de la pensión de alimentos

Establece el artículo 91 del Código Civil que si se aprecia una alteración sustancial en las circunstancias puede modificarse la pensión de alimentos.

Estas alteraciones pueden tener su causa en los cambios que afectan a las necesidades del alimentista y a la capacidad económica del alimentante.

En este sentido, una alteración sustancial de los ingresos del alimentante obliga a adecuar la prestación alimenticia, siempre que venga impuesta por factores externos (por ejemplo: bajada sustancial del sueldo). Por el contrario, no se modificará la pensión si el alimentante se endeuda deliberadamente (por ejemplo, por acceder a una nueva vivienda) o si sus ingresos disminuyen por su propia voluntad (por ejemplo, renuncia a un puesto de trabajo).

Correlativamente, una mejora de la fortuna del alimentante puede conllevar una modificación de la pensión de alimentos a los hijos, como puede ocurrir, por ejemplo, ante un ascenso en el trabajo que repercuta notablemente en la retribución del alimentante o por una incorporación laboral de un desempleado.

Se puede renunciar a la pensión de alimentos del menor

El derecho de alimentos es personalísimo, irrenunciable, intransmisible y no susceptible de compensación.

Es inembargable y no es susceptible de subrogación al ser inherente a la persona.

La deuda de alimentos, por el contrario, tienen naturaleza patrimonial y sí puede ser objeto de compensación, renuncia y transacción, aunque con evidentes limitaciones:

El artículo 166 del código Civil dispone: “Los padres no podrán renunciar a los derechos de que los hijos sean titulares ni enajenar o gravar sus bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripción preferente de acciones, sino por causas justificadas de utilidad o necesidad y previa autorización del juez del domicilio, con audiencia del Ministerio Fiscal”.

Así, la renuncia a las pensiones atrasadas realizada por los progenitores de un menor de edad amparándose en su representación legal, necesitaría de autorización judicial. La Audiencia Provincial de Salamanca, en su sentencia de 13 de febrero de 2014 (EDJ 20434) indica que no sería necesaria la autorización judicial si el menor hubiese cumplido dieciséis años y consintiere en documento público. No obstante, si alcanzada la mayoría de edad, el hijo menor se opone al negocio jurídico celebrado, el contrato podría estimarse nulo.

 

CONCLUSIONES sobre el régimen de alimentos a menores

  1. La obligación de alimentar a los hijos menores es consecuencia de la filiación y la de alimentar a los hijos mayores es consecuencia de la situación de necesidad en la que se encuentren.
  2. Para la determinación de la cuantía de la pensión de alimentos sólo se computan los gastos ordinarios, nunca los extraordinarios.
  3. Las pensiones de alimentos de los hijos menores de edad pueden modificarse por una alteración sustancial de las circunstancias, disminuyendo su cuantía por una bajada de ingresos del alimentante o incrementando la misma por un aumento de su fortuna.