Divorcio Ruptura del Vínculo MatrimonialLa propuesta de convenio regulador tiene por objeto regular las consecuencias derivadas de la disolución del vínculo matrimonial o de la separación de la pareja de hecho en el curso de un proceso de mutuo acuerdo.

Los elementos que lo han de integrar vienen estipulados en el artículo 90 del Código Civil. Sin embargo, el pacto puede incluir algún otro aspecto, como puede ser la disolución y liquidación del régimen económico patrimonial.

En estas líneas se incluirán las estipulaciones, tanto necesarias como facultativas, haciendo un breve comentario sobre algunos de sus aspectos:

Cuidado de Hijos

El cuidado de hijos sometidos a la patria potestad de ambos progenitores comprende, según figura en el apartado a) del punto 1 del artículo 90 del Código Civil:

  • El ejercicio de la patria potestad.
  • El régimen de guarda y custodia:
    • Monoparental
    • Conjunta
  • El régimen de comunicaciones y estancia de los hijos con el progenitor que no viva habitualmente con ellos.
    • La comunicación se refiere a los medios, forma y extensión temporal en que se desarrolla, atribuible a los menores a progenitor con el que no conviva habitualmente. Comprende todas las comunicaciones y sus distintas modalidades
    • Determina el tiempo y lugar de encuentro de los menores y sus progenitores e integra el régimen de visitas e integra el régimen de visitas.
    • Régimen de visitas y estancias. Se hará constar con detalle los días que lo comprenden, con expresión de hora y lugar de recogida y entrega del menor, períodos vacacionales de verano, semana santa y navidad, así como los períodos de vacaciones continuadas o coincidentes de festivos (puentes).
    • Es habitual incluir una cláusula de preferencia para alguno de los cónyuges en función de que el año sea para o impar.
  • Facultativamente, el régimen de visitas y comunicación de los nietos con sus abuelos (apartado b).

Atribución del Uso de la Vivienda y del Ajuar común

Divorcio Hijos afectadosLa vivienda debe atribuirse, con carácter general, a los menores y al cónyuge o progenitor custodio. Se trata de garantizar la morada de los menores como interés prioritario.

Lo anterior no quiere decir que necesariamente la vivienda familiar sea atribuida siempre a los menores y al custodio. La pareja puede decidir que el uso y disfrute de la vivienda familiar se atribuya al cónyuge no custodio cuando el interés de los menores quede suficientemente protegido. Así ocurre, por ejemplo, cuando se disponga de otra vivienda idónea para acoger a la familia.

Por vivienda habitual se entiende el lugar de residencia de la familia en el momento de la crisis matrimonial.

El ajuar doméstico es el conjunto de útiles y enseres necesarios para el desarrollo de la vida familiar en la vivienda. Integra el mobiliario y electrodomésticos de uso ordinario. Excluye los efectos, ropas y enseres de carácter personal, los elementos ornamentales de gran valor, las colecciones de objetos y, en general, los efectos no destinados a los fines enunciados. Tampoco quedarán incluidos los materiales que sirvan para el desempeño profesional del progenitor no custodio.

La contribución a las Cargas del Matrimonio y Alimentos

El precepto integra los siguientes conceptos:

  • Las pensiones de alimentos debidas a los hijos menores o mayores de edad no independientes económicamente
  • Las cargas del matrimonio que comprende las deudas y obligaciones que afectan al patrimonio.
  • Las bases de actualización sobre las primeras y las garantías, personales o reales, que puedan establecerse respecto de todas ellas para su efectivo cumplimiento.

Su articulación en el convenio pasa por expresar detalladamente el importe de cada partida, el destinatario, la forma de pago y el límite temporal de su abono (en relación con los hijos mayores de edad no independientes económicamente).

También es preciso indicar las bases de actualización. Como criterio general lo más habitual es que se acuda al Índice de Precios al Consumo (IPC). También se puede acudir a otros criterios como la actualización efectiva en las remuneraciones del obligado a su pago.

  • Gastos extraordinarios. Se trata de gastos eventuales que no pueden determinarse en el momento de fijar la pensión de los hijos, pese a que sean provechosos para salud, bienestar o educación.

Liquidación del Régimen económico matrimonial

De la lectura del apartado e), punto 1 del artículo 90 del Código Civil, se desprende que tiene un carácter facultativo.

Pese a que no es obligatoria la liquidación del régimen económico patrimonial, es aconsejable su inclusión.

Si se desaprovecha la oportunidad de liquidar en este trámite el régimen económico vigente (frecuentemente constituido como una sociedad ganancial), los afectados deberán acudir a un proceso distinto y complejo de división patrimonial, salvo que posteriormente se pongan de acuerdo.

Pero dejar al azar este aspecto es arriesgado para aquel de los cónyuges que, por la desidia del otro, tenga que afrontar las deudas contraídas durante la vigencia del matrimonio.

También se pueden derivar problemas acerca de la naturaleza de los bienes adquiridos con fondos privativos, siendo a menudo difícil demostrar el origen de las cantidades asignadas a este fin, más aún si se parte de la presunción legal del carácter ganancial de los bienes adquiridos a título oneroso durante el matrimonio.

Prestación compensatoria

Regulada en el artículo 97 del Código Civil, encuentra su fundamento en la existencia de un desequilibrio económico sobrevenido a causa del divorcio.

Se trata de una cuestión de libre disposición entre las partes. Es decir, si no es solicitado por ninguno de los cónyuges, no se incluirá en el convenio.

Pueden establecerse con carácter temporal o indefinido, siendo conveniente que se establezca no solo su alcance sino también la periodicidad en el pago y las bases de su actualización; y, en su caso, las garantías para su efectividad.

El Convenio Regulador o, mejor dicho, la propuesta de convenio está sujeta al control del Ministerio Fiscal en todos aquellos elementos que afecten a los menores de edad o discapacitados y su eficacia está sujeta a la condición de su aprobación judicial. Una vez que ésta se produce, la propuesta de Convenio Regulador se integrará como parte del contenido de la sentencia (o Decreto, cuando proceda).

Patricio González Sánchez –Abogados de Familia-

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